Desafortunadamente en el país se dictan las normas al calor de los acontecimientos, así se han adoptado las medidas para reprimir a los conductores ebrios cuando la prensa destaca con mayúscula un evento protagonizado por un joven que en estado de embriaguez en Bogotá causa la muerte a los pasajeros de un taxi, otro tanto ha ocurrido con las normas dictadas para reprimir las llamadas pirámides con las que estafaron a miles de compatriotas o para combatir el hurto de celulares cuando asesinaron a un joven por
hurtarle uno, etcétera. Ahora el turno le ha tocado a las normas aplicables al control de la construcción de edificios. Al desplomarse el edificio Space en el barrio El Poblado en Medellín, nuevamente las autoridades reaccionan con la promesa de emitir normas , más con el propósito de calmar la gradería, que con el de resolver efectivamente los problemas que en la seguridad de las construcciones pueden presentarse.
La función de revisar la estabilidad y calidad de las obras civiles y su cumplimiento de las normas locales y de las especificaciones de las licencias de construcción, corresponde desde hace mucho a las autoridades municipales y no a los curadores como comúnmente se cree , la evaluación del cumplimiento de esa tarea no se ha hecho aún y ya se propone que sean particulares en ejercicio de función pública los que asuman dicha responsabilidad, vale decir una nueva especie de notarios del cumplimiento de las normas urbanísticas en la construcción de edificios. Adicionalmente propone el gobierno exigir el otorgamiento de pólizas que garanticen todos los daños en los que se pueda incurrir en la construcción de cualquier proyecto.
Las medidas propuestas pierden de vista la realidad de la problemática, si el remedio para controlar la tarea del constructor es apartar al Estado de esa responsabilidad de controlar la actividad edificadora, nos preguntamo: ¿Por qué mantenerla en tantas otras materias de trascendencia como el control de los bancos, de la actividad aseguradora o de la educación? Si el Estado es incapaz de controlar las actividades de los particulares, que desaparezca la Superintendencia Financiera, la de Salud y la de Servicios Públicos para ser consecuentes con este diagnóstico y que se entregue esa función a particulares; esa pareciera ser la pauta a seguir que plantea el gobierno desconociendo que la prioridad es por el contrario, fortalecer la función de pública de control, que ciertamente es una de aquellas que justifica la existencia misma del Estado.
Otro tanto ocurre con la pretendida exigencia del otorgamiento de pólizas de seguro para la edificación de todo tipo de edificaciones, medida que nadie desconoce que sería útil, como también podría plantearse que exista un seguro para cada actividad potencialmente nociva. El punto es quien lo paga. ¿Se encarecerá la vivienda de interés social? ¿Se trasladará su costo al precio final de la vivienda? ¿Pueden acceder al mercado de seguros los usuarios cotidianos que reforman pequeñas edificaciones en los barrios populares de nuestras ciudades?
Declarar la quiebra del sistema de control urbano sin haberlo echado a andar, lanzar por la borda instrumentos como el permiso de ocupación que constituiría un mecanismo adecuado de verificación de la regulación, son medidas disparatadas de gestión pública. Dimensionar seriamente la función de control de Estado en las actividades sociales que generan un riesgo de magnitud… esa es la cuestión.
