La guerra, entendida por la Real Academia de la Lengua como “la lucha armada entre uno o más bandos de una misma Nación”, ha sido una constante en la historia de Colombia. Como consecuencia de ello, los múltiples intentos de acabar con este fenómeno político-social a través de procesos de paz, ha sido una constante. Para ello, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) serán una herramienta fundamental en el acceso que tendrán los involucrados, como sujetos receptores de la solución a los medios necesarios para su capacitación y el futuro.
Es sólo mirar hacia atrás y pensar en el grito de Independencia, producto de las noticias llegadas de España, obviamente tardías, y la manifestación interna reconociendo la autoridad del Rey y la sumisión a la monarquía que desde la Rebelión de los Comuneros se adelantó, según explica David Bushnell en su libro ‘Colombia, una nación a pesar de sí misma’, “… con la consigna de “¡Viva el Rey y muera el mal gobierno!”, lema corriente de los amotinados e insurrectos en todas las regiones del imperio antes del levantamiento final de la madre patria. La divisa no significaba una exigencia de cambios fundamentales en el sistema político sino la suspensión de abusos específicos como eran los nuevos precios del aguardiente y del tabaco”, lo que llevó a una inestabilidad política, de manera que la solución no llegó y seguimos en búsqueda de una ‘independencia’ que no era totalmente querida.
Para estas épocas los medios de comunicación estaban conformados por el telégrafo y la prensa escrita, que eran los encargados de transmitir de manera privada o pública pero a los escasos ciudadanos sobre lo ocurrido en relación con los ideales propuestos, pero que tuvieron una influencia marcada en medio de los ciudadanos del país.
Telégrafo
Con el transcurrir de los años, las posteriores reformas constitucionales, -con las que los vencedores, ya fueran Centralistas o Federalistas, consagraban sus tendencias filosófico políticas-, según explica Lizeth Maydeé Mendoza, en su tesis de grado titulada ‘Atalaya y la representación del Estado-Nación en el siglo XIX’, «Ciertas reformas socioeconómicas resultas especialmente interesantes, pues contradicen la muy común interpretación de que las guerras de independencia latinoamericanas fueron movimientos política y militarmente superficiales, desprovistos de mayor significación excepto en el sentido en que abrieron la región a la penetración económica anglosajona. No hubo, es verdad, transformaciones sociales fundamentales, que por cierto nadie reclamaba todavía».
La llegada al poder del General Gustavo Rojas Pinilla se presentó como una solución producto de una alianza de los partidos políticos, como un experimento de gobierno compartido y que, ante la salida del gobernante del control de la clase dirigente, se recurrió a que desde el exilio, en los ‘tratados’ de Sitges y Benidorm, los líderes conservadores y liberales pretendieron dar fin a la violencia partidista que vivió el país desde finales de los años treinta, y como consecuencia, se dio origen al Frente Nacional en 1958.
Por su parte, el escritor y ensayista tolimense William Ospina, afirma en su libro ‘¿Dónde está la franja amarilla’ que “… El Frente Nacional excluyó a las gentes humildes, y hemos visto crecer de un modo colosal la miseria material y moral del país. Cuando el Estado se esfuerza por hacer cosas en beneficio de los pobres, todo lo hace de un modo limosnero y exterior, porque los pobres no están representados en el Estado, y éste procura malamente mitigar las condiciones de pobreza, pero no es una instancia comprometida con soluciones reales para esa población. Y no se trata de una minoría importante: se trata, según dicen las cifras, de la mitad de la población nacional. Uno se pregunta: ¿En función de quién gobierna el Estado si su primera prioridad no es el problema de la pobreza, a través de la cual la sociedad entera se ha precipitado en el caos? De esa gigantesca masa de seres humanos desterrados, excluidos, de esa infrahumanidad, muchos se han visto forzados a la delincuencia. Hoy la principal fuente de delitos en la sociedad colombiana es la delincuencia común; no la delincuencia guerrillera ni la delincuencia del narcotráfico sino la delincuencia común, hija de la ignorancia, del resentimiento, de la pobreza, de las condiciones infrahumanas de vida y, por supuesto, fortalecida y perpetuada por la impunidad”2.
Cómo no recordar los diálogos que en los años 1989 a 1991 adelantaron los Gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria y los grupos armados EPL, Quintín Lame, ERP y el más reciente pero igualmente reconocido movimiento político armado M-19, que concluyeron con la Reforma Constitucional de 1991.
Constituyente del 91
Todos y cada uno de ellos son muestra de cómo cada proceso de paz debe estar precedido de voluntad política de sus intervinientes, y debe involucrar no sólo a sus protagonistas, sino también a quienes se han visto afectados directa o indirectamente con los acontecimientos violentos que se pretenden terminar, como un mecanismo de reconciliación.
De esta manera, cuando se producen solamente como actos de gobierno y concesiones entre sus líderes, siempre queda un fragmento que diciente de lo acordado y lleva al traste con la paz buscada.
Como puede verse, según afirma el libro ‘Los retos del postconflicto. Justicia, seguridad y mercados ilegales’ de Ariel Ávila Martínez y León Valencia Agudelo, “… en el país se han firmado diversos acuerdos de paz, pero no se ha podido doblar la página de la violencia política, porque no se ha hecho postconflicto en los territorios donde ha estado la guerra y porque no se ha hecho la paz con todos los actores, es decir, se ha negociado y se han dejado por fuera a otros que muy pronto han tomado las banderas, las zonas y los negocios de quienes salieron de la confrontación”3
Este es el reto que hoy en día deben afrontar el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las Farc en los diálogos de Paz que se adelantan desde hace cuatro años en La Habana, Cuba, pues, de suscribirse un tratado que recoja los acuerdos logrados, la labor futura de ajustes socio políticos en búsqueda del rompimiento de los desequilibrios actuales y de refrendación, es una labor que no da espera.
El reto no es fácil, más entendiendo que la pedagogía que existe sobre el tema es mínima. No solamente en las aulas de clase deben socializarse los acuerdos, es en el día a día con toda la ciudadanía y en este punto se hace imperante voltear la mirada sobre las nuevas tecnologías de la información.
Es evidente que la imagen del presidente Santos y del proceso de paz decae cada día -como lo han dejado ver encuestas serias en diferentes medios de comunicación– , y en ello cuenta el hecho de que no se está sacando el máximo provecho a las tecnologías que están revolucionando las nuevas maneras de hacer las cosas y las nuevas perspectivas de vida, porque es el resto de la ciudadanía la que está interesada en saber qué es lo que se está firmando.
Si bien es cierto que la firma de un cese completo de hostilidades entre el grupo guerrillero y el Gobierno, está a unas pocas conversaciones de distancia, es necesario que el Gobierno entienda que al salir del imaginario colectivo que el gran problema del país radica en este conflicto armado, el resto de problemas sociales y culturales saldrán a flote.
Nuevas campañas de resocialización y de concientización de las perspectivas para la nueva ‘Colombia en paz’ serán necesarias a través de los medios de comunicación, pero especialmente de las tecnologías que tenemos al alcance hoy en día, que van en constante evolución.
Ahora bien, con los nuevos espacios que se han brindado en la red y más en un país donde se supone que ocho de cada diez ciudadanos tiene acceso a internet, como asegura el Ministerio de las Telecomunicaciones, probablemente se logrará una mayor compresión de los acuerdos, de las metas y del futuro por venir, siempre y cuando el Gobierno le de un mayor empuje a sus canales de comunicación con los colombianos.
J. Hernando Toro Suárez
