A saber, la garantía vital señalada se encuentra consagrada en la carta magna en su artículo 22, que reza: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Constitución Política, 1991). No obstante, el atributo en mención por muchos años ha sido menoscabado ante los actos terroristas desplegados por esos actores armados que han generado alarma a nivel internacional y deterioro nacional.
Para el año 2010 en el Sur del Departamento del Tolima, el conflicto presentó problemas muy graves, especialmente el abandono de tierras por parte de los campesinos ubicados en municipios como Planadas, Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y San Antonio. Este problema se sigue presentando a pesar de la firma del acuerdo final para la paz. Es necesario que cada uno de nosotros aporte un grano de arena en este posconflicto, para lograr que la población desplazada regrese a sus tierras y se genere una cultura donde se disminuya la delincuencia y se rebaje la tasa de desempleo.
De esta forma, el Gobierno Nacional adquirió la obligación de establecer condiciones para la reincorporación de los miembros del grupo subversivo en la vida civil, en lo económico, lo social, lo político, entre otras. Es decir, de generar garantías que permitan la inclusión de estos a la sociedad por medio de diferentes canales, permitiendo la reconstrucción de proyectos de vida y de sociedad al contemplar la reintegración social y económica. Con la firma de los tratados de paz, se ha venido mitigando el problema, regresando los campesinos a sus tierras. Sin embargo, el problema de la delincuencia sigue progresando, no solo por el desplazamiento sino por la situación de desempleo que vive el país.
