Por: Alfonso Reyes Alvarado*
Hoy en día, en Colombia, el tema más importante para construir nuestro futuro próximo es el de las conversaciones de paz con las FARC. Pero no sólo es el más importante, sino también el más complejo.
La complejidad del problema surge de las características del conflicto, que lo hacen único en la historia reciente de la humanidad.
En primer lugar es el más largo, llevamos un poco más de 60 años de lucha fratricida. En segundo lugar, es endógeno, es decir, todas las víctimas, directas e indirectas, son colombianos. En tercer lugar, NO es una guerra civil porque no hay dos bandos que tengan ejércitos que se enfrentan sino que es el enfrentamiento de un grupo insurgente contra un ejército regular legítimamente constituido. En cuarto lugar, el conflicto ocurre principalmente en las zonas rurales, alejado de los centros urbanos. Esto lleva a que la mayoría de colombianos no seamos protagonistas directos del mismo y, por lo tanto, sintamos que el conflicto es ajeno a nosotros. Y en quinto lugar, el combustible ideológico que alimentó la pasión del grupo insurgente durante sus inicios, fue sustituido por prácticas de narcotráfico, secuestro y, más recientemente, minería ilegal, como fuente de financiación y enriquecimiento ilícito de algunos de sus dirigentes. Todo esto hace del conflicto colombiano un conflicto único en el mundo.
La negociación, por su parte, es también sui generis. Recordemos que, en general, existen dos tipos de negociación en un conflicto: las negociaciones de suma cero, en las que unos pierden y otros ganan, que es la típica negociación que ocurre cuando una de las partes en conflicto derrota a la otra; y las negociaciones de suma positiva, que se concretan cuando las dos partes ganan porque ninguna logró derrotar a su adversario. En síntesis, en Colombia estamos inmersos en un proceso de diálogo que busca materializar una negociación de suma positiva que ponga fin a uno de los conflictos más atípicos de la historia reciente.
Afortunadamente, la tenencia de la tierra es uno de los temas en los cuales es posible construir este tipo de negociaciones. Digo que es afortunado porque este fue el origen del conflicto y, al parecer, es el eje del actual proceso de paz. Recordemos que las FARC surgen de un movimiento campesino que se organizó, al sur del Tolima, para defenderse del despojo de tierras que arbitrariamente sufrieron. Por eso no es de extrañar que el primer tema de la agenda de negociación tenga que ver, precisamente, con una mejor distribución de la tierra en el país.
Colombia, ha pasado, infructuosamente, por varios intentos de reforma agraria que buscaban una distribución más equitativa de la tierra. Lamentablemente, hoy en día, las cifras siguen siendo preocupantes. Según un reciente informe del PNUD, Colombia está entre los países más desiguales en la distribución de la tierra en el mundo con un índice de Gini de tierras de 0,77. Recordemos que mientras más cercano esté a uno, más concentrada está la propiedad (pocos propietarios con mucha tierra), y mientras más cercano a cero se encuentre este índice, mejor distribuida está la tierra (muchos propietarios con mucha tierra).
Fue Darío Echandía, durante la primera administración de López Pumarejo, quien trajo por primera vez al país la idea de la función social de la propiedad . Este concepto, que es uno de los pilares de la social democracia europea, sobre la que se construyó ideológicamente la “revolución en marcha”, implica que la posesión de la tierra consiste en su explotación económica por medio de hechos positivos. Una de las vértebras que Echandía le quebró a la constitución del 86, con la reforma del 36, fue precisamente garantizar que la propiedad privada es una función social que implica obligaciones. La Constitución del 91 reitera esta idea en su artículo 58.
Hoy en día, la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras , busca apoyar el proceso de negociación mediante un mecanismo para reparar a las víctimas directas del conflicto colombiano con la asignación de tierras. Sin embargo, la mera restitución de tierras por parte del Estado no es suficiente para sostener un proceso de paz. Si los campesinos que reciben estas tierras no tienen la posibilidad de explotarlas económicamente, seguramente van a ser sujetos de un nuevo desplazamiento forzado, esta vez por la compra masiva de quienes sí tengan los medios para explotarlas de manera rentable. Este mismo fenómeno puede ocurrir, como recientemente lo mencionó el señor Gobernador durante la firma del Convenio-Plan en Coyaima, con los indígenas residentes en el Triángulo de Irrigación del Sur del Tolima. Este proyecto, largamente esperado por los tolimenses, está valorizando enormemente la tierra. Si los pobladores de ancestros indígenas que hoy la habitan no tienen la capacidad ni los medios para saber explotarla, terminarán vendiendo sus tierras y rápidamente malgastando su dinero.
Lo mismo puede ocurrirle a quienes se beneficien de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Paradójicamente habríamos puesto fin a un conflicto sembrando el germen del problema que lo vio nacer.
Estas paradojas suelen resolverse cuestionando los supuestos sobre los cuales se construyen las decisiones que les dan origen. En este caso, el supuesto es que la propiedad de la tierra es suficiente para hacerla productiva. Sin embargo, la tenencia de la tierra es una condición necesaria pero no suficiente para su desarrollo productivo. ¿Cómo explotar pequeñas extensiones de tierra de tal forma que la producción vaya más allá de la simple seguridad alimentaria para sus propietarios? ¿Cómo conseguir recursos para una mayor producción sin empeñar o perder la tenencia de la tierra? Estas son preguntas que apuntan a diseñar nuevas formas de asociación productivas.
Uno de estos modelos de asociación se conoce como negocios inclusivos. Busca diseñar mecanismos en los que los propietarios de la tierra participan en condiciones de equidad con grandes productores para constituir alianzas solidarias. Entender, adaptar y apropiar estas formas de asociación productiva es el propósito de este seminario organizado por la ADT y la Universidad de Ibagué con el apoyo de la CCI y el respaldo de la gobernación del Tolima. De este aprendizaje pueden desprenderse lecciones que desde el Tolima aporten a la construcción de un post-conflicto perdurable.
*Rector. Universidad de Ibagué. Enero 18 de 2013
